Socias fundadoras

Ingrid Bulit


Abogada franco-española especializada en derecho civil y penal, con una práctica centrada en el asesoramiento técnico y la defensa de los intereses de sus clientes.

Actualmente cursa el doctorado en Derecho, con una investigación centrada en el derecho penal comparado entre España y Francia en materia de violencia de género. Compagina esta labor con su actividad como conferenciante en Francia sobre esta materia, así como con la publicación de artículos de actualidad jurídica.

Su perfil se ve reforzado por una amplia experiencia internacional en contextos complejos —Afganistán, Pakistán, Burundi, Madagascar, Nicaragua, Birmania o Indonesia, entre otros—, lo que le aporta una perspectiva rigurosa, una elevada capacidad de análisis y una especial sensibilidad en la gestión de situaciones de alta complejidad.

Es bilingüe en español y francés, y cuenta con un alto nivel de inglés. Asimismo, posee conocimientos de rumano e italiano que le permiten trabajar con documentación y desenvolverse en entornos profesionales que requieren su comprensión.

Marina M. Serra


Trabajadora social con amplia experiencia en el ámbito sociosanitario y en la gestión de prestaciones públicas, con especialización en dependencia, discapacidad y atención a colectivos vulnerables.

A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado funciones en instituciones públicas de referencia, entre ellas la Comunidad de Madrid, el SERMAS y el Ayuntamiento de Madrid. En este contexto, ha intervenido en la tramitación de procedimientos de dependencia, discapacidad y prestaciones económicas, así como en la atención directa en situaciones de especial complejidad social y sanitaria.  

Cuenta con una sólida formación universitaria en Trabajo Social y Sociología, complementada con estudios de posgrado en psicopatología criminal y forense y en criminología. Esta formación le permite abordar los casos desde una perspectiva integral, con especial atención a los aspectos jurídicos y psicosociales.

Su perfil profesional se caracteriza por una elevada capacidad de gestión, una coordinación eficaz con las administraciones públicas y un acompañamiento técnico en procedimientos que requieren un conocimiento preciso de los recursos sociales y del marco normativo aplicable.